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Crisis
humanitaria en el nordeste antioqueño: 361 campesinos desplazados
de sus tierras
Florencia Mujica
Desde el 1 de abril 120 familias permanecen en un campamento humanitario
producto de los asesinatos selectivos que viene cometiendo el Batallón
Calibío de la XIV Brigada del Ejército. Las comunidades
campesinas denuncian que su desplazamiento ha sido provocado por los intereses
que tiene la multinacional minera AngloGold Ashanti en la región.
Eran horas de la mañana del 25 de marzo del 2007, en el municipio
Remedios, del departamento de Antioquia. Por las aguas del río
Tamar, en su balsa cargada de maderas, viajaban Peter (13 años)
y Carlos Mario García (21) en un día más de trabajo.
Pero ese no sería un día más. En las orillas del
río se presentó un grupo de soldados pertenecientes al Batallón
Calibío, de la 14 brigada del Ejército, quienes pidieron
ayuda a los dos muchachos para cruzar el río.
Más temprano en la mañana, Zaida, la madre de familia donde
Carlos Mario trabajaba y vivía, le había dicho que no saliera
a bajar las maderas porque el Ejército andaba por allí.
Carlos Mario le contestó: “no te preocupes, el Ejército
ya me conoce y sabe que soy un muchacho de la comunidad que trabaja para
sobrevivir y mantener a mis papás, entonces no me va a hacer daño”.
Los militares aguardaban y los muchachos, aunque desconfiados, no podían
negarse ante el llamado del Ejército Nacional de Colombia. Luego
de pasar, los oficiales cortaron las ataduras de la balsa para que se
desarmara. A fuerza de fusil obligaron a Peter y a Carlos Mario a caminar
por el monte. Luego de andar un largo tiempo, los muchachos fueron separados
y dos soldados llevaron al menor junto al río. Peter tenía
la certeza de que iban a fusilarlo, cuando escuchó que uno de los
soldados le decía al otro: “espera un momento”. En
ese instante se dejó caer por un barranco y logró escapar.
Carlos Mario no corrió la misma suerte. El muchacho de 21 años
fue asesinado. La radio del Ejército anunciaba ese día la
caída de un guerrillero en combate. Al escuchar las noticias, los
familiares y amigos supieron que se trataba, una vez mas, de la perversa
estrategia que los militares vienen desarrollando contra los campesinos:
vestirlos de guerrilleros, en fusilarlos y asesinarlos, simulando un escenario
de combate. Con la muerte de Carlos Mario ya suman 12 las muertes de campesinos,
desde septiembre del año pasado, perpetradas a manos del Ejército
Nacional de Colombia en el Nordeste Antioqueño. Los asesinatos
selectivos en la zona se han vuelto moneda corriente. Según denuncian
las comunidades campesinas, el Ejército porta una lista de 27 personas
-en la que se encontraba Carlos Mario- que deben ser dadas de baja por
ser, según ellos, colaboradores de la guerrilla. Luego del asesinato
de Carlos Mario, el 30 de marzo de 2007, el Ejército se dirigió
a la casa de Albeiro Guerra. Albeiro no estaba, pero se encontraba su
mujer, Francia Duque y sus cinco hijos. El Ejército preguntó
por Albeiro, y Francia les respondió que no se encontraba. “Volveremos
más tarde”, dijeron “si no lo encontramos, usted y
sus hijos responderán por él”. Esta fue la gota que
rebasó el vaso. Las comunidades alertadas tomaron la decisión
de desplazarse.
“Campamento
Humanitario: no se permite el ingreso de actores armados”
El Campamento Humanitario se instaló el 1 de abril del 2007, en
Puerto Nuevo Ité, (“La Cooperativa”), como una medida
de seguridad extrema para evitar que sigan los asesinatos selectivos.
Al campamento llegaron 361 personas provenientes de las veredas Ojos Claros,
Dosquebradas, Camelias, Caño Tigre y Puerto Nuevo Ité. El
objetivo urgente del campamento es salvaguardar la vida de las comunidades
campesinas y hacer presión para que el Gobierno Nacional les garantice
seguridad a los campesinos para retornar a sus tierras. La Asociación
Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Corporación
Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz en el Nordeste Antioqueño
(Cahucopana) son las organizaciones que se han encargado de organizar
toda la logística y dar apoyo a las comunidades campesinas para
poder instalar el campamento. Por la violencia del ejército, los
campesinos tuvieron que dejar todo, sus cultivos, sus animales y para
el próximo año aseguran que tendrán una crisis alimenticia
ya que el desplazamiento no les permitirá sembrar para la próxima
cosecha. Actualmente para poder alimentarse deben volver periódicamente
a sus tierras a buscar la yuca, y otros cultivos, a riesgo de que el Ejército
los intercepte. La situación en el campamento es de una grave crisis
humanitaria debido al hacinamiento, a la falta de alimentos y de servicios
básicos.
Intereses
en la región
El día 9 de abril la Alcaldesa de Remedios y un asesor de la gobernación
arribaron al Campamento Humanitario. Recogieron varios testimonios donde
los campesinos explicaron las razones del desplazamiento y se retiraron
comprometiéndose a resolver la situación. Por la noche el
asesor de la gobernación declaró, en Caracol Radio, que
el desplazamiento era producto de las amenazas de la guerrilla, y por
la ausencia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero eso no es lo
que los campesinos manifiestan.
Según las comunidades del Nordeste Antioqueño y algunos
grupos mineros, la causa del desplazamiento responde a los intereses que
la AngloGold Ashanti, multinacional canadiense, tiene en la región.
Según las informaciones que ellos manejan, el Gobierno Nacional
ha entregado en concesión más de 1.000.000 de hectáreas
a la filial de la AngloGold Ashanti, denominada Kedhada en Colombia, para
la explotación de oro en esa zona. En este sentido, según
los campesinos, la multinacional habría solicitado al gobierno
que le entregue las tierras “sin guerrillas ni campesinos”.
Además de haber oro en esa zona también se encuentran grandes
reservas de agua, de platino y de uranio, lo que la hace realmente deseable
a los grandes intereses internacionales.
La resistencia
sigue
Las comunidades ya tienen mes y medio en el campamento y aún el
Gobierno no ha generado una solución para el conflicto. La última
presentación de un ente oficial en el campamento fue el 27 de abril
cuando arribaron en un helicóptero un juez militar y un procurador,
acompañados por el Ejército. Los funcionarios solicitaron
tomar declaraciones de los padres de Carlos Mario y del testigo Peter.
Pero la comunidad se negó a que la justicia iniciara las investigaciones
ya que exigen que este asesinato, como los anteriores, sean tratados por
la justicia ordinaria, ya que se trataba de la muerte de un civil. Hasta
el momento la justicia ordinaria no se ha presentado. Por otra parte,
según denuncian los campesinos, el procurador afirmó, en
esa ocasión, que la Asociación Campesina del Valle del Río
Cimitarra y Cahucopana eran quienes estaban obligando a las comunidades
a desplazarse. El lunes 7 de mayo se realizó en el campamento una
Asamblea Agraria donde los campesinos y campesinas debatieron sobre cómo
seguir adelante. En esa asamblea decidieron seguir resistiendo y realizar
en el próximo mes una gran movilización en la ciudad de
Barrancabermeja para visibilizar la grave crisis humanitaria en la región.
Últimas
informaciones
Denuncia pública realizada por Cahucopana y la Asociación
Campesina del Valle del río Cimitarra, en Agencia Prensa Rural:
“Informamos a la opinión publica nacional e internacional
que el día de hoy, 9 de mayo de 2007, en la vereda Puerto Nuevo
Ité, municipio de Remedios, Antioquia, en el lugar conocido como
La Troja, dos hombres armados vestidos de negro, quienes se identificaron
como miembros del grupo paramilitar “águilas negras”,
llegaron a la casa de Henry Hoyos, presidente de la junta de acción
comunal de esta vereda, amenazándolo para que desalojara el lugar
en cinco minutos”. A raíz de esta amenaza esta familia debió
desplazarse al Campamento Humanitario en busca de seguridad.
Fonte: Prensa
Rural del 14 maggio 2007
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article427