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FORMAZIONE
Medios de comunicación y libertad de expresión: el argumento ausente
La decisión del Gobierno de Venezuela de revocar la licencia de
emisión de Radio Caracas Televisión (RCTV) ha azuzado un
cierto debate acerca de la libertad de expresión, más que
nada porque los dueños de la cadena afectada y sus infinitos valedores
mediáticos dicen hablar en su nombre cuando protestan.
Hasta ahora, la mayor parte de las voces de la izquierda han defendido
la legitimidad de la medida del ejecutivo de Chávez argumentando
que no sólo es legal, sino perfectamente normal en todo el mundo,
no renovar una concesión administrativa, máxime cuando se
demuestra que RCTV tenía un comportamiento que dejaba mucho que
desear en su respeto a las reglas del estado de Derecho. Por lo demás,
estas ideas a menudo se complementan invocando algo así como la
necesaria “responsabilidad social” de los medios privados,
como es el caso del artículo “Sobre la libertad de expresión”,
de Miguel Riera Montesino, extraído del número 233 de la
revista “El viejo topo” y publicado el pasado 21 de junio
en Rebelión.
No es de extrañar que todas estas argumentaciones se presenten,
desde la derecha, como meros tecnicismos para justificar un presunto ataque
a la libertad de expresión, un golpe a la pluralidad, un indicio
de totalitarismo. Vienen a decir algo así como: puede que la medida
sea correcta legalmente, pero encubre una política que agrede los
fundamentos del estado de Derecho porque ataca las bases de la libertad
de expresión.
En mi modesta opinión, el debate se ha desplazado a un campo en
el que, en cierto modo, se reafirman algunas falsedades constitutivas
de lo que Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero han denominado
ilusión de ciudadanía en su ensayo “Comprender Venezuela,
pensar la democracia” (Hiru, Guipúzcoa, 2006). Antes que
nada, es preciso hacer ver que articular la libertad de expresión
alrededor de la idea de que los medios deben ser privados es confundir
un derecho con exactamente lo contrario, a saber, un privilegio.
El estado de Derecho y la democracia representativa exigen de un espacio
público de intercambio de argumentos. Algo así como la versión
moderna del ágora griega en su acepción más de plaza
pública donde hablan los ciudadanos que de mercado. El escrutinio
público del gobierno, la exposición de demandas sociales,
el posicionamiento político de los ciudadanos, se construyen en
un lugar donde las ideas deben fluir libremente y donde lo que más
vale es un razonamiento. ¿Debemos o no entender que la libertad
de expresión se sustancia en el derecho de cualquier ciudadano
por igual a participar libremente en los diálogos públicos?
La libertad de expresión en una democracia en estado de Derecho
no se limita a perdonar la vida de quien intenta decir algo. Consiste
en mucho más, en hacer posible que cualquiera pueda decir lo que
sea en igualdad de condiciones, siempre que lo haga libremente y entienda
que lo que más vale es un razonamiento. Para garantizar esto último
están precisamente las exigencias del Derecho y la constitución
que esté vigente.
De modo que lo que en verdad debe discutirse es si la existencia de medios
privados –no digamos ya la hegemonía- es compatible con la
democracia en estado de Derecho. ¿Funcionan democráticamente
los espacios públicos privatizados y garantizan la libertad de
expresión, es decir, el derecho a que se nos oiga a todos por igual?
¿Garantizan los medios privados que el diálogo no excluya
ningún argumento y que sólo se opongan razones a las razones
y no amenazas desde el poder o maledicencia con altavoces gigantescos?
Aún más, ¿garantiza la propiedad privada de los medios
sociales de difusión que se informe con veracidad y objetividad
y sin dobles raseros a la población?
Desde mi experiencia como periodista en medios privados sé desde
hace mucho tiempo que no hay mayor censura que la que imponen estas empresas
a sus trabajadores. Los operadores privados de radio y televisión,
los propietarios de los oligopolios de prensa escrita, utilizan sus medios
privados de producción de discursos para evitar el menor atisbo
de igualdad de condiciones en la expresión. Tal es el caso de las
emisoras privadas venezolanas de televisión, empezando por la propia
RCTV: no dan respiro al gobierno y a la figura del Presidente de la República.
Si el sesenta por ciento de los votantes apoyaron a Chávez, sus
argumentos no alcanzan, si dejamos a un lado la obligación que
el Estado les impone de emitir de cuando en cuando contenidos institucionales,
ni el uno por ciento del tiempo de emisión de esas cadenas, que
copan la mayor parte del espacio radioeléctrico. Las cosas no son
muy diferentes en España o en cualquier otro país capitalista:
un puñado de propietarios deciden las condiciones en las que podemos
ejercer la libertad en el espacio público...
Si conseguimos trasladar la discusión a este terreno es frecuente
escuchar argumentos que vienen a decir algo de este estilo: Pero la comunicación
es, a la postre, un mercado, y es el público el que decide qué
es lo que ve y qué lo que no ve, de modo que prosperan las empresas
que son del agrado de la audiencia y desaparecen las que no le gustan
a nadie. Lo que este tipo de planteamientos olvida es que los clientes
del mercado de la comunicación de masas no son los ciudadanos,
son los capitalistas que compran espacios publicitarios. Cada vez se reparten
más diarios gratuitos, cuyos únicos ingresos provienen de
la publicidad, y el precio de, por ejemplo, “El país”
en España apenas da para que la empresa pague los gastos de distribución.
Las radios y las televisiones privadas en abierto se sostienen en exclusiva
con los fondos publicitarios. Hay notorios ejemplos de medios que, con
una audiencia considerable, han ido a la quiebra por falta de anunciantes,
que no podían consentir que determinadas ideas accedieran al espacio
público en igualdad de condiciones. ¿Alguien se acuerda
del caso del periódico “Liberación” en España,
hacia 1985? ¿Cuántas empresas importantes han mostrado su
interés en anunciarse en el quincenal español “Diagonal”,
que tiene una tirada considerable?
Cuando el espacio público se privatiza, el volumen de voz no se
regula por la fuerza de los argumentos, sino por el grosor de la cartera.
Más euros, más potencia. Si un ciudadano tiene un número
suficiente de euros, es un ciudadano de pleno derecho porque su voz adquiere
los decibelios necesarios para que alguien la oiga... Porque ¿de
qué sirve la libertad de expresión si el ruido de los que
tienen los medios te condena al silencio?
En este sentido, no es suficiente defender la idea de que el Estado tiene
la potestad de ordenar el espacio radioeléctrico, que es limitado,
y para ello otorga concesiones a operadores privados que deben cumplir
con las condiciones que la Administración establece. Hay que poner
en duda el hecho mismo de que el espacio público pueda ser concedido
a manos privadas cuando lo que está en juego es la libertad de
expresión. Si una entidad particular se hace con un fragmento del
espectro de radiodifusión, lo hace en detrimento de todos los demás
ciudadanos, que no dispondrán de ese canal para ejercer su libertad.
Más allá de la arbitrariedad que sin duda se da en las concesiones
(extraña casualidad que siempre se trate de medios de derecha o
de extrema derecha), debe ser puesta en tela de juicio la concesión
de un privilegio en nombre de un derecho, sea quien sea el beneficiado.
Aun así, se dirá, la prensa escrita puede ser privada porque
no existe la limitación de la banda electromagnética. Pero
no hay que olvidar que el papel son árboles, y no hace mucho “El
País” vino a mis manos con un suplemento de más de
trescientas páginas en papel brilloso de alto gramaje que sólo
contenía incitaciones al consumo de súper lujo. ¿Cuántos
bosques habrá que talar en nombre de la libertad de expresión?
¿Cuánto CO2 deberán emitir las papeleras a la atmósfera,
cuantos residuos químicos a la biosfera? ¿No sería
razonable limitar de algún modo el consumo brutal de papel, que
no hace más que crecer? Lo mismo cabría decir de la televisión
por cable, ya que el número de canales que admite un tendido telefónico
o de fibra óptica, con ser alto, es limitado, y tampoco sería
cuestión de tender más y más cables, con lo que eso
conllevaría de contaminación y gasto de recursos naturales
y humanos.
En cualquier caso, incluso si supusiéramos que pudiera haber recursos
casi ilimitados de papel o de televisión, el carácter privado
de los medios implica que el capitalista tiene casi todas las posibilidades,
mientras que el asalariado lo tiene muy, pero que muy difícil para
entrar en el espacio –mercado- de la comunicación. Esta cuestión
esencial de clase explica mucho acerca de cómo, con frecuencia,
la tan repetida libertad de expresión esconde, en manos de los
oligarcas, una tendencia insuperable al llamado “pensamiento único”.
Sólo hay, en realidad, un medio en el que lo privado puede llegar
a ser perfectamente compatible con el interés público, la
libertad, la democracia y el derecho de todos a la libre expresión
en igualdad de condiciones. No hay duda de que me refiero a Internet.
Claro que sucede que es el entorno en el que la libre iniciativa de los
ciudadanos se empeña en poner en cuestión la propiedad privada
intelectual. Precisamente los internautas suelen defender el carácter
esencialmente público del medio, que propicia un concepto comunitario
de los productos de la creación intelectual y de los procesos de
diálogo y debate.
Por ahora, Internet es un privilegio de una parte pequeña de la
Humanidad, pero puede llevar el germen de una comunicación social
que garantice la libertad de expresión en igualdad de condiciones
sin que sea un obstáculo que prime un alto nivel de iniciativa
privada, de “libertad de empresa”, dado el mínimo coste
de capital que supone establecer un sitio web. Pero que exista la posibilidad
de Internet no nos exime de la responsabilidad de buscar el modo en que
se pueda garantizar la libertad de expresión y el derecho a la
información veraz en televisión, radio y prensa escrita.
La respuesta pasa por recuperar el carácter necesariamente público
de los medios de comunicación social.
Esta idea tan sencilla se combate, desde la defensa de los actuales privilegios,
con el argumento de que los medios públicos siempre favorecen al
gobierno de turno y hacen imposible la pluralidad y, por tanto, la libertad
de expresión. Llevando este pseudo razonamiento empírico
hasta extremos tan absurdos como frecuentes, se termina por identificar
medios públicos con totalitarismo. Y la alternativa al totalitarismo
será siempre, claro está... el privilegio comunicacional
de la oligarquía.
Sin embargo, hay experiencias mediáticas que señalan que
no es difícil una regulación constitucional del uso del
espacio público de la comunicación que garantice el acceso
de cualquiera en igualdad de condiciones y con plena libertad, así
como el derecho a una información veraz, no atravesada de intereses
espurios. Casos como el de Radio 3 en España en sus años
magníficos –entre mediados de los ochenta y comienzos de
los noventa- muestran que si el periodista o comunicador es un funcionario
vitalicio que no teme que lo echen, no reconoce jefes ideológicos
ni presiones políticas, y se convierte en un cauce idóneo
para que cualquier argumento pueda utilizar el medio sin prejuicios interesados.
Un buen sistema de oposiciones reguladas por técnicos, con el mismo
nivel de limpieza y falta de control político como el que rige
el acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en España,
marcaría la base estructural para que los medios pudieran ser verdaderamente
públicos, es decir, de todos. Hace falta, pues, una garantía
absoluta del equivalente mediático de la libertad de cátedra
y un sistema bien regulado, honrado y equitativo, de acceso de los colectivos
culturales, sociales y políticos a los espacios mediáticos,
junto con un sistema informativo plenamente profesional, sin nombramientos
a dedo y sin presiones de los diferentes poderes... Todo sostenido con
una financiación completamente estatal, que excluya la interferencia
de ningún poder económico privado.
La Revolución venezolana quiere ser una lucha profunda por la democracia.
De ahí que antes o después tenga que ir atacando el problema
de la usurpación oligárquica de los espacios públicos
de la comunicación social. En consonancia con el carácter
alternativo del socialismo bolivariano, se han fomentado los medios llamados
comunitarios, pero su alcance e implantación, sobre todo a escala
nacional, es limitado. De ahí que, quizás, la única
crítica, en nombre de la libertad de expresión, que se le
podría hacer a la revocación de la licencia de RCTV es que
resulta escasa para devolver al pueblo la palabra.
Javier Mestre
Fuente: Rebelión,
27/06/07